EL CASO STRAUSS


"EL CASO STRAUSS. EL ESCÁNDALO QUE PRECIPITÓ EL FINAL DE LA II REPÚBLICA"

(Introducción del libro "El caso Strauss", de José Carlos García Rodríguez, publicado por Akrón en 2008)

Con toda seguridad, la mayoría de los lectores identificarán el significado de la palabra “estraperlo” como la compra o venta ilegal de artículos en el mercado clandestino. Y, ciertamente, fue este el nombre que recibió el mercado negro durante la Guerra Civil y los años de posguerra en que los desaprensivos “estraperlistas” se enriquecían con las especulaciones propias de las etapas de escasez. La palabra “estraperlo”, definida como “comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado o sujetos a tasa”, quedaría perpetuada en el diccionario.

     Posiblemente, sean menos los que relacionen la palabra “estraperlo” con una curiosa ruleta “de destreza mental” –el straperlo-, inventada por Daniel Strauss, un jugador de ventaja de origen holandés, junto a un socio apellidado Perlowitz, cuyo intento de legalizar su juego daría origen a un sonoro escándalo y a una crisis política que, a la postre, habría de significar el final de la Segunda República. Sin embargo, reducido a sus estrictas dimensiones, el escándalo del straperlo quedaba limitado a un burdo intento de sortear la prohibición del juego, entonces vigente en España, por parte de un Stavisky de poca monta, quien, a cambio de su silencio, quiso obtener las ganancias que no pudo conseguir con su ruleta amaestrada.

     Tanto los antecedentes como el desenlace del asunto del straperlo, también llamado caso Strauss, tienen lugar durante los gobiernos de centro-derecha surgidos tras las elecciones de noviembre de 1933. Estos gobiernos, liderados por el centrista Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, contaban con la colaboración de otros grupos menores (agrarios, de Martínez de Velasco; liberal-demócratas, de Melquíades Álvarez; y regionalistas catalanes, de Cambó), que recibían el apoyo de la CEDA de José María Gil Robles, la minoría con mayor número de diputados en el Parlamento. Con el apoyo cedista a los radicales de Lerroux, cuya formación política había sido la más votada entre los partidos que se proclamaban republicanos, la República parecía poder iniciar una etapa capaz de superar los vaivenes extremistas que habían caracterizado a su primer bienio. A pesar de las grandes diferencias doctrinales entre el Partido Republicano Radical y la CEDA, al bloque de centro-derecha se le suponía la mínima solidez que era necesaria para iniciar un período de estabilidad capaz de contener el latente peligro revolucionario. Sin participar en los primeros gobiernos radicales, el partido de Gil Robles empezó a definir una nueva actitud como partido del régimen, al tiempo que se preparaba para poder formar futuros gobiernos de derechas, esperando para ellos la reciprocidad del apoyo que prestaban a los ejecutivos liderados por los radicales de Lerroux.

     Frente al bloque gubernamental, las fuerzas de oposición comprendían un conjunto de partidos tanto de izquierdas como de derechas. Entre los primeros se encontraban el Partido Socialista Obrero Español, la más importante minoría de izquierdas con sus cincuenta y nueve diputados; los radicales escindidos del partido de Lerroux y liderados por Martínez Barrio en su Unión Republicana; la Esquerra Republicana de Cataluña y la Izquierda Republicana de Azaña, heredera de Acción Republicana y ahora reducida a seis escaños. En la oposición de derechas estaban los monárquicos alfonsinistas de Renovación Española, dirigidos por Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo, y los tradicionalistas del conde de Rodezno. Otros representantes de las derechas presentes en aquellas Cortes surgidas de las elecciones de 1933 eran el grupo nacionalista vasco y algunos diputados independientes, como José Antonio Primo de Rivera y Abilio Calderón. Por su parte, los republicanos conservadores de Miguel Maura representaban una opción centrista.


El presidente de la Generalitat, Lluis Companys, junto a
Daniel Strauss (derecha), la actriz Anny Ondra y el
boxeador Max Schmeling. (Barcelona, abril de 1934).
     La situación política se caracterizaba por una gran radicalización. La llegada al poder del centro-derecha había supuesto un creciente apartamiento de los partidos de izquierdas con respecto al régimen republicano. Esta situación de extrañamiento les había llevado a un estado de indignación que se tradujo en una violenta ofensiva cuyo primer objetivo fueron las nuevas Cortes a las que exigieron su disolución. La paulatina radicalización del partido socialista desembocaría en la rebelión de octubre de 1934 -con especial trascendencia en Cataluña y, sobre todo, en Asturias-, cuyo estallido coincide con la formación del tercer Gobierno de centro-derecha presidido por Lerroux y en el que, por vez primera, participan ministros de la CEDA, partido del que se dudaba su lealtad a la República.

     No se harían esperar las consecuencias del sangriento movimiento revolucionario que logra sofocar el Gobierno. Así, se decreta una censura de prensa que se prolongará hasta la campaña electoral de 1936, se intervienen ayuntamientos y se detiene a los máximos líderes de las izquierdas, como Azaña, Largo Caballero o Companys, a los que se someterán a procesos judiciales que diluciden sus responsabilidades en los hechos; en tanto, otros dirigentes, como Indalecio Prieto, lograrían huir al exilio. Los diputados socialistas optan por abandonar el Parlamento, iniciándose una desaforada campaña de denuncia de la represión llevada cabo por un Gobierno triunfante que veía acrecentar sus posibilidades de estabilizar el régimen republicano. En esta situación de fortalecimiento del centro-derecha, las izquierdas evolucionaban hacia una estrategia frentepopulista abierta a todos los grupos obreros y republicanos ubicados al margen de la situación gubernamental. Su único fin, tras las derrotas sufridas en las elecciones de noviembre de 1933 y en el levantamiento de octubre del año siguiente, era el revanchista desalojo del poder de unos gobiernos que consideraban antirrepublicanos e ilegítimos.


En esta convulsa situación política surge el caso Strauss que se presentaba como un pretexto para quienes andaban a la búsqueda de pretextos. Para las izquierdas, la tentación de hacer uso del asunto del straperlo y convertirlo en un gran escándalo quedaba justificada por la estigmatización del Partido Republicano Radical, cuya descalificación política podía arrastrar a todo el bloque parlamentario que venía sustentando a los sucesivos gobiernos de centro-derecha. Para los grupos de derechas enemigos de la República, el asunto del straperlo se presentaba como coartada para denunciar la quiebra moral del régimen surgido el 14 de abril de 1931, al tiempo que intentaban atraerse a la CEDA a sus posiciones.


La ruleta Straperlo
     El escándalo del straperlo se inicia con la denuncia que Daniel Strauss envía al Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en septiembre de 1935. El denunciante manifestaba haber entregado diversas cantidades de dinero durante el año anterior a miembros destacados del Partido Republicano Radical, incluyendo ministros, altos cargos y hasta un familiar de Alejandro Lerroux, con objeto de obtener una autorización administrativa para poder explotar su juego straperlo en el Gran Casino de San Sebastián, en primera tentativa, y en el Hotel Formentor de Mallorca, con posterioridad. Al resultar fallidos ambos empeños, Strauss consideró incumplido el compromiso que con él habían contraído sus contactos españoles, por lo que solicitaba una compensación económica que diera por zanjado el asunto.

     Toda la trama del straperlo salta a la luz pública cuando el Gobierno presidido por Joaquín Chapaprieta entrega a la prensa una lacónica y, en apariencia, intrascendente nota. En ella, se daba cuenta de haberse trasladado al Fiscal General de la República la denuncia recibida de un ciudadano extranjero con el fin de que se practicara la más amplia y escrupulosa investigación. Esta nota gubernativa suscitó gran expectación y una efervescencia de rumores, haciendo que los acontecimientos se precipiten. Así, el día 22 de octubre de 1935, en un clima de extraordinaria pasión, el escándalo del straperlo, ya hecho público por los medios de comunicación, pasa a las Cortes donde, tras ser debatido, se toma el acuerdo de crear una Comisión parlamentaria que determinara las posibles responsabilidades políticas derivadas de los hechos denunciados. Probada, en parte, la denuncia presentada por Strauss, los principales implicados fueron apartados de los cargos oficiales que ostentaban, pasando el caso a manos de un juez especial que se encarga de incoar el correspondiente sumario. Sin embargo, la solución adoptada no logra satisfacer totalmente a los grupos opositores, tanto de izquierdas como de derechas, los cuales llegarían a coincidir en su petición de inmediata convocatoria de elecciones como única salida a la crisis provocada por la ruleta de Daniel Strauss.

     Apenas un mes más tarde de salir a la luz el caso Strauss, estallaba otro escándalo que, de nuevo, afectaba al Partido Republicano Radical y, en general, a todo el Gobierno. Se trataba de otra denuncia, aunque esta vez no partía de un aventurero internacional, sino del ex-inspector general de Colonias Antonio Nombela Tomasich. Nombela, siguiendo un conducto no habitual, denunciaba ante las Cortes el procedimiento irregular que se había pretendido seguir por altos cargos del último Gobierno presidido por Lerroux para atender las demandas de indemnización de la Compañía África Occidental. Tras la crisis generada por este nuevo caso que supone la eliminación de los radicales de la escena política, el Presidente de la República opta por el nombramiento de un Gobierno centrista, sin respaldo parlamentario, presidido por Portela Valladares y con el encargo de disolver las Cortes y convocar unas elecciones cuyos resultados darían al traste con la posibilidad de reconducir la República por cauces pacíficos.

     Muchos fueron los factores que determinaron que el asunto del straperlo llegara a impactar de forma tan extraordinaria en la opinión pública española, provocando una generalizada reacción social de repulsa. El hecho de que este affaire de entidad tan limitada llegara a superar sus miserables proporciones, hasta alcanzar la dimensión de escándalo nacional, ha sido relacionado con la mala imagen que arrastraba el Partido Republicano Radical, salpicado históricamente por grandes escándalos económicos. Pero esta circunstancia sólo fue una más entre las muchas que convergieron en el caso Strauss. Para llegar a entender el escándalo del straperlo hay que tener bien presente la forma y el momento en que éste se produce.